La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles que no hayan notificado los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del EEE (modelo 720). España exige que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. Según apunta el organismo europeo en un comunicado, las sanciones que reciben los infractores son superiores a las emitidas en una situación puramente nacional e incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.

La Comisión considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son desproporcionadas y discriminatorias. Además, afirman que pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.

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